La expedición del Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025 marcó un punto de inflexión en la regulación tributaria de los juegos de suerte y azar en línea en Colombia. En el contexto del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional, la norma estableció que, durante el año gravable 2026, el iGaming estará gravado con el Impuesto sobre las Ventas (IVA), calculado sobre el Gross Gaming Revenue (GGR). Aunque se trata de una medida transitoria, su impacto va más allá del corto plazo y reabre un debate estructural sobre el modelo fiscal del sector.
La mirada del Gobierno: recaudo y equidad en un mercado digital
Desde la perspectiva del Gobierno, el Decreto 1474 responde a una necesidad inmediata de fortalecer el recaudo para atender los gastos derivados de la emergencia económica y evitar la prolongación de sus efectos. En este escenario, el iGaming aparece como una actividad económica formal, en crecimiento y con capacidad contributiva, que puede aportar recursos adicionales al Presupuesto General de la Nación.
Uno de los elementos centrales del decreto es la definición del GGR como base gravable del IVA. Este enfoque reconoce que el verdadero ingreso de los operadores no corresponde al total de las apuestas realizadas por los jugadores, sino a la diferencia entre esas apuestas y los premios pagados. Al adoptar este criterio, el Gobierno envía una señal técnica relevante: la tributación debe estar alineada con la realidad económica del negocio y no con flujos que solo circulan de manera transitoria.
Además, la norma extiende la obligación del IVA a operadores extranjeros que ofrezcan juegos de suerte y azar en línea a usuarios con residencia fiscal o actividad económica en Colombia. Con ello, el Ejecutivo busca cerrar brechas de inequidad tributaria y asegurar que todos los actores que participan del mercado colombiano contribuyan en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de establecimiento.
Los operadores: entre el ajuste técnico y la presión fiscal acumulada
Para las casas de apuestas que operan legalmente en Colombia, el decreto representa un nuevo ajuste en un entorno que ya se caracteriza por una alta carga regulatoria y fiscal. El sector reconoce que gravar el GGR es un avance frente a esquemas que no diferenciaban entre apuestas y ingresos reales, pero también advierte que el IVA se suma a obligaciones existentes como los derechos de explotación, impuestos corporativos y costos asociados al cumplimiento normativo.
En la práctica, los operadores enfrentan el reto de adaptar sus modelos financieros y operativos para absorber el impacto del IVA sin comprometer la competitividad del mercado legal. Esto implica decisiones estratégicas sobre márgenes, estructura de costos, inversión en tecnología y oferta comercial. El equilibrio no es menor: un exceso de presión fiscal podría afectar la rentabilidad del negocio formal y abrir espacio para operadores ilegales que no cumplen con las mismas obligaciones.
El rol de los gremios: Fecoljuegos y el llamado al diálogo técnico
Las asociaciones que representan al sector, en particular Fecoljuegos, han tenido un papel activo en el análisis del decreto. Desde el gremio se ha valorado positivamente que el Gobierno haya optado por el GGR como base del IVA, al considerar que este criterio refleja de forma más fiel la dinámica económica del iGaming y corrige distorsiones de esquemas anteriores.
No obstante, Fecoljuegos ha sido enfática en señalar que el sector continúa enfrentando una presión fiscal significativa. En este contexto, el gremio ha reiterado la importancia de mantener espacios de diálogo técnico con las autoridades, no solo para evaluar el impacto de la medida durante 2026, sino para avanzar hacia un modelo tributario estable, predecible y sostenible en el mediano y largo plazo.
Desde la visión gremial, la sostenibilidad de la industria legal no solo beneficia a los operadores, sino también al Estado, en la medida en que garantiza un recaudo constante y recursos destinados a fines públicos como el sistema de salud. La experiencia de 2026 podría convertirse, así, en un laboratorio para ajustar y perfeccionar la política fiscal del sector.
Los apostadores: efectos indirectos y percepción de confianza
Aunque el IVA recae formalmente sobre los operadores, los apostadores no son ajenos a los efectos del decreto. En un mercado competitivo, es posible que algunas casas de apuestas ajusten promociones, bonos o cuotas como parte de su estrategia para gestionar el nuevo entorno tributario. Estos cambios podrían ser percibidos por los usuarios, especialmente aquellos más sensibles a las condiciones comerciales.
Sin embargo, también existe una lectura positiva desde la óptica del jugador. Un marco fiscal claro, que fortalezca la legalidad y garantice que los recursos recaudados se destinen a fines sociales, puede aumentar la confianza en el ecosistema regulado. En este sentido, el desafío será comunicar de manera transparente el alcance de la medida y su contribución al interés general, evitando percepciones de carga injustificada.
Un debate que trasciende 2026
Si bien el Decreto 1474 establece que la aplicación del IVA al iGaming tendrá vigencia exclusiva durante el año gravable 2026, su impacto trasciende ese límite temporal. La norma pone sobre la mesa preguntas clave sobre el futuro del modelo fiscal del sector: ¿cómo equilibrar recaudo y competitividad?, ¿cómo evitar que la presión tributaria incentive la informalidad?, ¿qué aprendizajes dejará este periodo para una regulación permanente?
Desde Revista Apuesta Colombia, el análisis apunta a que el decreto debe entenderse no solo como una respuesta coyuntural a una emergencia, sino como una oportunidad para repensar la relación entre el Estado y la industria del juego en línea. El reto será construir, a partir de esta experiencia, una política pública que combine rigor técnico, diálogo con el sector y una visión de largo plazo que garantice sostenibilidad, legalidad y confianza para todos los actores del iGaming en Colombia.
