Cómo introducción corresponde destacar que el Estado debe promover el desarrollo de la industria de los juegos de azar, garantizando un marco regulatorio estable y competitivo que fomente la innovación y la calidad.
Es fundamental bregar por la transparencia, la protección del apostador y una propuesta robusta sostenida en una política de estado potente, para generar confianza y reducir la ilegalidad.
El mercado debe adaptarse a las necesidades lúdicas de la sociedad, promoviendo productos responsables, educación sobre riesgos y herramientas de control como límites de gasto y autoexclusión.
Una regulación orientada al cuidado del jugador, la supervisión eficaz y la información clara permitirá un entorno sostenible y atractivo para operadores legítimos.
El marco regulatorio de los juegos de azar busca -entre otros objetivos-proteger a los consumidores, garantizar transparencia y sostener al sector autorizado.
Sin embargo, algunas medidas, como por ejemplo el aumento de impuestos y la prohibición de publicidad de los juegos autorizados, pueden tener efectos no intencionados que debilitan al sector formal y empujan a los jugadores hacia el juego ilegal. Hay numerosos antecedentes de que el resultado obtenido es totalmente contrario al buscado originalmente.
Impuestos altos, menor crecimiento: cuando los impuestos sobre ingresos y operaciones aumentan significativamente, la rentabilidad de los operadores autorizados se ve afectada. Esto puede traducirse en costos para el público apostador, menor inversión en seguridad y un debilitamiento de la capacidad para competir en innovación, empujando a algunos operadores a buscar esquemas informales o a migrar a mercados menos regulados. En última instancia, la presión fiscal elevada puede encarecer el acceso legal y favorecer al juego no autorizado.
Prohibición de publicidad: restringir la publicidad de los juegos regulados puede reducir la visibilidad de opciones legales y, paradójicamente, aumentar la demanda de alternativas no reguladas que operan fuera de la supervisión. Si los jugadores no tienen información clara sobre probabilidades, límites y protección al menor -entre otras cuestiones-, pueden recurrir a servicios sin control, donde el riesgo de fraude, lavado de dinero y prácticas abusivas es mayor.
Legislar apuntando a incrementar impuestos y prohibir publicidad pueden generar efectos adversos para el sector regulado y favorecer el desarrollo del juego ilegal. Una regulación equilibrada debería incluir: impuestos razonables, publicidad responsable, educación al consumidor y fuertes medidas de cumplimiento, además de invertir en prevención y transparencia para fortalecer la confianza en el juego autorizado.
Muchas veces se implementan medidas restrictivas bajo el argumento de que son necesarias como forma de atender el avance de la ludopatía, enfocando la atención exclusivamente en el juego legal. Sin embargo, estas medidas no siempre abordan el verdadero alcance del problema: la ilegalidad, la evasión y la falta de protección efectiva para el jugador. Existen antecedentes en donde no solo no se modificó la situación que se pretendía corregir y en cambio se originó un desplazamiento hacia el juego ilegal.
Al centrarse solo en el marco regulado, se corre el riesgo de dejar fuera a quienes juegan en plataformas no autorizadas y de reducir la confianza en el sistema, lo que puede empujar a más usuarios hacia el juego fuera de control. Para un enfoque realista y eficaz, es imprescindible combinar la protección del jugador, educación, herramientas de autoexclusión y límites, con una vigilancia sólida de todos los actores, incluidas las plataformas no autorizadas y las prácticas ilícitas.
Previo a ensayar acciones cortoplacistas, habría que evaluar qué consecuencias acarrea, a quienes afecta y destinar los esfuerzos en dar una batalla decidida en contra del juego ilegal como forma de proteger al juego autorizado y salvaguardar los derechos del público apostador.
Por: Luis Gama
